La Transparencia Total como principio empoderador de los ciudadanos en la Venezuela del siglo XXI (I)

El Principio de Transparencia Total es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se deben construir las instituciones públicas de la Venezuela Posible, una que aspire sin temores ni complejos a convertirse en un País desarrollado del primer mundo, o en Palabras de Arturo Uslar Pietri, el País mejor que podemos y debemos ser.

El Principio de Transparencia Total consiste esencialmente, en el uso de la tecnologías de información actuales para permitir a los ciudadanos el acceso gratuito e irrestricto, sin mediaciones ni censuras, en tiempo real, a la totalidad de la información pública de las instituciones del estado.

Aplicar el Principio de Transparencia Total supondría, en términos generales, la digitalización y publicación en Internet de todos lo trámites, estatus de dichos trámites, comunicaciones, informes, estados de cuenta, activos, pasivos, nóminas, pagos, contrataciones, expedientes, resoluciones y cualquier tipo de acto administrativo, relacionadas al ejercicio de todas aquellas instituciones financiadas con dinero público por parte del estado, en tiempo real.


(Si deseas continuar leyendo el artículo, haz clic en "Más información")

Aunque nuestra legislación actual reconoce el derecho a solicitar información en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Administración Pública y el concretamente el derecho al acceso de la información en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde explícitamente se consagra que cualquier ciudadano “podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, la realidad práctica del ejercicio de estos derechos dista mucho del deber ser que las leyes enuncian.

Incluso en casos donde la Ley taxativamente ordena a las instituciones del estado hagan público periódicamente información de sumo interés colectivo, las instituciones públicas hace caso omiso de ello. Caso emblemático es el de Hidrocentro, la empresa pública encargada de abastecer de agua potable a la región central del País, quien a pesar que Ley Orgánica de Prestación de Servicios de Agua Potable establece explícitamente que los valores de los parámetros que garantizan la calidad del agua para consumo humano deben hacerse del conocimiento público de forma gratuita, masiva y periódica a todos los usuarios del servicio, NUNCA ha cumplido con ello, en 12 años de haberse sancionado la Ley. Incluso, se ha negado a hacerlos público a pesar de la solicitud expresa de más 1.300 usuarios de hacer públicos dichos valores, antes la reiteradas denuncias y evidencias de la mala calidad del servicio suministrado.

Aunque el mismo marco legal venezolano establece procedimientos en casos como el de Hidrocentro, donde existe una negativa o un silencio administrativo a las solicitudes de acceso a la información, estas conllevan una serie larga de pasos y lapsos, que en última instancia han de ser resueltos por el máximo tribunal de la República, constituyéndose en una vía engorrosa que más que invitar a recorrerla, lleva a los ciudadanos a postrarse y desistir de sus intenciones de hacer valer su derecho.

Estos mecanismos imprácticos dificultan la contraloría social, por cuanto se levantan escalones legales que hacen inviable que el ciudadano común pueda acceder a la información pública de su interés y por tanto controlar o fiscalizar el uso que de su dinero hacen las instituciones públicas.

Por el contrario, bajo el principio de Transparencia Total, según el cual la digitalización de todos los procesos y la información generada en ellos esté disponible en Internet al momento de producirse, los ciudadanos podrían establecer un monitoreo continuo y en tiempo real del funcionamiento de las instituciones públicas y del desempeño de sus funcionarios, convirtiéndose en contralores sociales que velarían siempre por el buen y apropiado uso de los bienes públicos.

Por ejemplo, en el caso de la problemática del Agua en Carabobo, si Hidrocentro hubiera venido haciendo públicos los valores de los parámetros de calidad del agua desde hace años, las ONG’s ambientalistas, los investigadores, la universidades y los mismos ciudadanos hubieran notado y previsto que las condiciones de potabilidad del agua se venían desmejorando y hubieran encendido las alarmas a tiempo para prevenir que la situación llegara a las complejidades actuales. Aún más, si junto a esto, su hubieran publicado los valores de calidad de las aguas tratadas en las Plantas de tratamiento cuyos efluentes van a dar al Embalse Pao-Cachinche, se hubiera conocido con mucha anterioridad que las plantas no estaban operando eficientemente y que por tanto éstas estaban realizando vertidos ilícitos al Embalse, ayudando así a identificar prematuramente parte del problema, propiciándose la busca proactiva de soluciones mucho antes que el problema afectara a los ciudadanos.

Otro ejemplo de gran vigencia, es el caso de los contenedores con comida descompuesta de PDVAL. Si tan siquiera la más mínima información sobre el contenido y las fechas de arribo y despacho de dichos contenedores hubieran estado disponibles en la red, con toda seguridad alguien (fuera de la empresa) hubiera notando tempranamente que existía un anormalidad y ante la evidente y creciente riesgo que dicha comida se descompusiera, habría alertado con su denuncia temprana la situación, y junto con la presión pública consecuente, se hubiera evitado el crimen de dejar dañar las más de 100.000 toneladas de comida que se han denunciado hasta ahora.

La Transparencia Total tendría múltiples y grandes efectos positivos en el fortalecimiento de la Democracia, la construcción de una ciudadanía responsable, participativa y protagónica, la eficiencia de la administración pública, incluso disminuyendo sobre el impacto sobre el medio ambiente, y sobre todo y lo más importante, en la lucha contra la corrupción.

Si consideramos la complejidad y extensión de las ramificaciones que han tomado las instituciones del estado, resulta casi imposible que las instituciones del mismo estado que tienen como objetivo la acción contralora puedan abarcar y ejercer sus labores de vigilancia en su justa y debida dimensión, (mención a parte de la politización de la mismas y el consecuente conflicto de interés que ello genera) y por tanto terminan siendo evidentemente ineficientes. Involucrando a la ciudadanía en la acción contralora se incrementaría por mucho la vigilancia en el manejo de los fondos públicos y ello contribuirá de manera decisiva a disminuir la corrupción en nuestro País.

Cuanto más transparentes sean el desempeño de las instituciones y más personas estén ejerciendo acciones de veeduría, es decir, en cuanto más propenso a control y fiscalización sea el estado por parte de la ciudadanía, más difícil será la realización de actos ilícitos, más expuestos estarán las operaciones turbias y mayor presión social existirá sobre la calidad del desempeño de los funcionarios públicos.

Posiblemente, la aplicación del principio total generaría el surgimiento de agrupaciones sociales dedicadas a observar el funcionamiento de instituciones específicas del estado de acuerdo con sus intereses particulares. Pudieran, por ejemplo surgir observatorios ciudadanos que vigilaran del incremento injustificado de las nóminas, otros los tiempos de ejecución de las obras públicas, el tiempo de permanencia de las mercancías en los puertos, el número de trámites realizados por una institución, los sueldos de los funcionarios, o el tiempo de retención de fondos públicos en Bancos a fines de generar intereses, entre muchísimos otros.

Aplicar el principio de Transparencia Total en las instituciones públicas sería democratizar el conocimiento del funcionamiento del estado y descentralizar desmonopolizar la actividad contralora mediante el empoderamiento ciudadano de la contraloría social, y constituiría un cambio de paradigma trascendental en la cultura del País al permitir involucrar directamente a la ciudadanía en el control y vigilancia del funcionamiento de las instituciones públicas.

La Transparencia Total es un principio al cual solo podrían oponerse aquellos que se benefician de la opacidad y oscuridad actual en el manejo de lo público, es decir, los corruptos y mediocres que ejerzan funciones en el estado. Sin embargo, no me queda la menor duda que la gran mayoría de los Venezolanos apoyarían la instauración de Leyes que realmente le den mayor poder al pueblo frente al estado y que ayuden a que nuestro País abandone definitivamente la lista de los 15 países más corruptos del mundo y con ello, se pueda enrumbar en el camino de la prosperidad y el desarrollo.