El proceso de descentralización iniciado en Venezuela a finales de la década de los 80 surgió como respuesta a la exigencia de los ciudadanos de un nuevo modelo político que permitiera que estos fueran partícipes en la solución de sus problemas locales, desconcentrando el poder del Estado en la Capital y el Presidente de la República, y lo acercara a los ciudadanos en todas las regiones del País. Esta renovación de la institucionalidad del Estado surgió además, ante la inviabilidad de un modelo organizativo agotado, como una acción imperiosa de la clase política para mantener la vigencia del propio sistema democrático en el País. No obstante, del conjunto de reformas modernizadoras del Estado que se debieron realizar, sólo una pequeña fracción de ellas se llevaron a cabo, y si bien es cierto se produjo un fortalecimiento del sistema democrático que conllevó importantes mejoras en el desarrollo de la República y la calidad de vida de los ciudadanos, no fueron suficientes para resolver los problemas de fondo del sistema, y dos décadas después, se muestra nuevamente exhausto e inviable.
Hoy, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la democracia venezolana vuelve a encontrarse amenazada no solo por el agotamiento de su modelo funcional, sino por la incorporación de un modelo político autoritario que bajo la falsa premisa del “poder popular” pretende substituir la democracia tal cual la conocemos, y ante el cual no parecieran existir alternativas innovadoras que representen a la vista de los ciudadanos, una opción de mejor futuro y mayor prosperidad en democracia y libertad. Es por ello que, ante la creciente amenaza del estado comunal, se hace imperiosa la necesidad de presentar al País una respuesta que la rivalice y la supere, que incluya los aspectos más positivos de la democracia venezolana, que profundice y concluya las transformaciones iniciadas por la descentralización, y que permita a los ciudadanos y a las regiones ser actores principales en la reconstrucción del País. Es necesario presentar la Autonomía Regional como la evolución de la descentralización en el futuro de Venezuela.
1. La Descentralización
El proceso de transformación iniciado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en 1984, conllevó la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos que permitieron materializar y hacer viables espíritus y propósitos que ya estaban establecidos desde la Constitución de 1947, en la cual por ejemplo, se establecía la potestad del congreso de transferir competencias del Ejecutivo Nacional a los Estadosy a los Municipios (artículo 139), “a fin de promover la descentralización administrativa”, pero que en la práctica, habían sido letra muerta durante casi medio siglo.
Del perfilamiento de las líneas maestras del proceso de reforma del Estado que concibió la COPRE y que llegaron a implementarse, la de mayor trascendencia fue sin duda descentralización política, mediante la cual se permitió que los ciudadanos venezolanos pudieran elegir directamente, mediante votación secreta y universal, a sus Gobernadores y Alcaldes, lo cual se materializó con las primeras elecciones en 1989.
La elección directa de Gobernadores y Alcaldes, con la subsiguiente transferencia de competencias que son propias a las regiones (como la administración de puertos, aeropuertos, vialidad, etc. ), permitió una reforzamiento del sistema democrático venezolano, al incentivar la participación democrática ciudadana, hacerla vinculante, y acercar a ella los espacios de decisión del poder sobre los aspectos más importantes de su vida diaria.
El esquema de participación ciudadana que impulsó la descentralización política ha
democratizado la gestión de los gobiernos locales y ha dado una mayor influencia a la población en la toma de decisiones, resultando en una afianzada percepción de que los recursos eran administrados más eficiente y ejecutados de una forma más cercana a las necesidades reales de la gente. Esto impulsó el surgimiento de liderazgos regionales que han ejercido importantes espacios de influencia a nivel nacional, y que se han convertido hoy por hoy, en muros de contención democrática ante el avance del autoritarismo enmarcado bajo el proyecto del Socialismo del Siglo XXI.
Sin embargo, el proceso de descentralización se centró y se ejecutó fundamentalmente en la redistribución del poder político a nivel regional, por lo cual y pese a los avances, subsistieron trabas importantes para el desarrollo económico y social de las regiones, puesto que no bastó tener poder de decisión, al no contar con los recursos económicos para poder hacer o ejecutar dichas decisiones. En el fondo, el proceso de descentralización versus la centralización, devino en una lucha asimétrica por el poder político y por el poder económico, que se acrecentó a niveles nunca antes alcanzados en la histórica contemporánea del País, donde la asignación o transferencia de recursos económicos por parte del ejecutivo nacional a las alcaldías y gobernaciones, se convirtió en el mecanismo de subyugación política más eficiente que se hubiere visto, usando los recursos públicos para comprar lealtades o doblegar voluntades políticas adversas, y contener el crecimiento de liderazgos regionales basados en una eficiente gestión de gobierno.
La descentralización, al no incluir una verdadera capacidad de decisión y autonomía tributaria que permitiera a las regiones asegurar su crecimiento económico y ejecutar sus planes de desarrollo, no lográndose la total transferencia de competencias sobre la administración de los servicios públicos y demás asuntos de natural y legítimo interés regional, es decir, al no haberse realizado la transformación en la justa dimensión que requería el País, la descentralización no logró dar la solidez necesaria al sistema democrático venezolano sino que solo pospuso su vida útil, y hasta se podría decir que la reforma parcial del Estado contuvo dentro de sí misma, los gérmenes de su propia destrucción.
Hoy en día el proceso de descentralización en Venezuela se ha revertido casi en su totalidad, permaneciendo (“por ahora”), la descentralización política.
Forma parte sustancial de las líneas estratégicas del Plan Nacional Simón Bolívar (sustento para el accionar del gobierno presidido por Hugo Chávez) la configuración de una nueva geometría del Poder basada en el llamado “Poder Popular”, la cual contempla en última instancia, la sustitución de las gobernaciones y alcaldías, por comunas y federaciones de comunas, y la misma desaparición del sufragio universal y secreto como medio de ejercer la voluntad popular.
Actualmente, diversos estudios de opinión nacional muestran que la gran mayoría de los ciudadanos se siente defraudado por el actual modelo de organización, y que demandan una renovación del mismo que esté contenida una mayor participación ciudadana y ceda un mayor protagonismo a los venezolanos en la toma de decisiones. Es en este contexto histórico de una nueva crisis del sistema democrático venezolano, donde el sector oficialista ha encontrado la oportunidad de embaucar al ciudadano venezolano en la falsa promesa de una profundización de la democracia a través de la democracia directa que pregona el Socialismo, y ante la cual, desafortunadamente los sectores democráticos no han logrado hacer frente en el plano narrativo de una alternativa diferente al pasado o a la sola defensa de la actual Constitución.
¿Cuál es el alcance de esta nueva crisis del sistema democrático venezolano? y sobre todo ¿Cuál debe ser la respuesta de la sociedad democrática venezolana ante la centralización y el Socialismo del siglo XXI?. ¿Cuál nuevo proceso de transformación del estado debemos proponer para encausar las turbulentas aguas de este nueva confluencia histórica?.
2. El Estado Comunal
De entre el conjunto de Leyes Inconstitucionales para la instauración del Estado Comunal, resalta la Ley Orgánica de las Comunas, la cual tiene por objeto “Desarrollar y consolidar el Estado Comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista”, es decir, transformar la Sociedad Capitalista en otra Socialista o Comunista. Establece la Comuna como la “entidad local socialista” fundamental que agrupa a Consejos Comunales para construir el Socialismo, la Propiedad Social, desarrollar el “autogobierno” y el Estado Comunal.
La comuna tiene como máxima autoridad del “autogobierno” al “Parlamento Comunal”, el cual tiene como fin regularla vida social y el orden Legislativo vigente en el espacio territorial de la comuna (Art. 21),. Dentro de este también forman parte el “Consejo de Cumplimiento” que es la instancia de ejecución de las decisiones de la comuna (Art. 25), y los “Consejos Permanentes”, los cuales se encargarán de desarrollar los planes de desarrollo comunal de tierras, economía social, educación, genero, inclusión social, etc.(Art. 43),
Cada Comuna deberá sancionar una “Carta Comunal”, la cual tendrá por objeto regular “la vida social y comunitaria” de la Comuna y garantizar la “primacía del interés colectivo sobre el particular” (Art. 35),. Además, cada Comuna ha de contra con una “Banco Comunal” para apoyar el “nuevo modelo de producción socialista” (Art. 43), así como contará con un “Sistema Judicial Comunal” encargado de conciliar y dirimir las diferencias, procurar la paz, solucionar conflictos en la comuna (Art. 52).
Pero la Ley Orgánica de Comunas deja entrever el objeto final que no es otro que la sumisión o substitución del Estado Democrático al Estado Comunal, cuando establece la “Supremacía del Poder Comunal”.
Las Comunas son figuras extra constitucionales que desarticulan los municipios y las ciudades, que centralizan el funcionamiento de las mismas en el ejecutivo al estar supeditadas a este, retrazando la toma de decisiones, aleja la participación ciudadana personal, substituyendo el voto y delegando en elecciones de 2º, 3er y hasta 4º las nuevas figures que suplantan las autoridades municipales y regionales, creando unainstitucionalidad paralela, destinada en la visión del Plan de la Nación, a suplantar inevitablemente las “viejas formas” de organización de la República.
Ante este avance del Proyecto Socialista, desafortunadamente la Sociedad Democrática no ha podido sino argumentar (con mucha razón pero sin mucho éxito) la Defensa de la Constitución y ordenamiento legal vigente. Si bien es necesario la defensa del orden constitucional, este no es suficiente, y considerando la actual sumisión del Poder Judicial y demás Poderes Públicos al Poder Ejecutivo, el centrar los esfuerzos en esa dirección sería garantía del avance del proyecto totalitario y de la pérdida de la República tal cual la conocemos.
3. El Estado Autonómico como Alternativa de Vanguardia frente al Estado Comunal.
Dicha propuesta de transformación para ser exitosa ha de trascender el plano de la polarización, la cual se ha demostrado reiteradamente favorece al oficialismo. Se vuelve por tanto de vital importancia plantear la propuesta como una estrategia de triangulación, que se diferencia del pasado y del presente, y que a la vez pueda incorporar en ella los aspectos mejor valorados de cada modelo.
Limitarse a defender la actual Constitución si bien es necesario no es suficiente, por ser una posición reactiva que se ya asocia a un pasado y presente que no ha cubierto las expectativas de mejoría y superación, y del cual el mismo discurso oficialista se ha distanciado, llegando a llamarla una “constitución de transición” ante la cual se contrasta el modelo del Estado Comunal, pretendiéndose presentar a la Nación como una opción novedosa de futuro, y por tanto, de esperanza.
¿Cuál propuesta política de transformación del estado podría representar un opción novedosa del ejercicio del poder, que pudiera ser aceptada y defendida por los 3 sectores políticos que conforman la sociedad venezolana contemporánea?. Solo una que reforzara y profundizara aquellos valores enraizados en la cultura política del país, una que empodere a los ciudadanos para la solución real de sus problemas, que facilite la participación ciudadana y la contraloría social. La propuesta es reconocer la Autonomía de las regiones.
Las Autonomías Regionales, entendidas no como procesos secesionistas, sino como reconocimiento del derecho a la toma de decisión sobre aspectos regionales y locales, a dictar políticas económicas y tributarias, de administrar los servicios públicos, puertos marítimos y aéreos, sistemas de transporte y vialidad, y el sistema de salud, entre otros, de forma completamente autónoma, materializando y profundizando el planteamiento de la constitución vigente (1999), según el cual es a través de la descentralización como se debe profundizar y crear condiciones para el ejercicio de la democracia, acercar el poder al ciudadano y el logro eficaz y eficiente de los cometidos estatales (artículo 159).
Las Autonomías Regionales se insertan dentro de la tendencia mundial a la desconcentración del poder como creador de espacios para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la Carta Democrática Interamericana (2001), determina el valor de la democracia, no sólo como sistema de gobierno; sino como carácter esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas (Artículo 1); y lo que se considera aún más importante, es que reconoce el derecho y la responsabilidad de la ciudadanía en lo que se refiere a la participación en las decisiones relativas a su propio desarrollo, señalando que la participación ciudadana es una condición necesaria e indispensable para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia (Art. 6).
Esta nuevo replanteamiento de la política a través de la Autonomía sin fractura de la unidad del Estado, pero sí como eje fundamental de su modernización, asume la superación de la pobreza y el desarrollo, no sólo como un problema económico, sino social que esta fuertemente ligado a la participación de ciudadanos en la toma de decisiones que la rigen, desde un perspectiva local.
Las Autonomías Regionales, como modelo conducente a la implementación de la concepción de Estado Federal prevista en nuestra Constitución Nacional, es la base de una nueva narrativa de proyecto País que podría convertirse en un propuesta inclusiva que contemple, tanto la desconcentración del poder planteada por la descentralización con la ventaja de no asociarse con el pasado, y la promesa de participación y protagonismo de los ciudadanos en la construcción de su futuro, propuestas por el socialismo, pero de forma real sin estar sujeto a dádivas o concesiones de quien ocupe el poder ejecutivo.
La creciente amenaza del Estado Comunal, hace imperiosa la necesidad de presentar al país una respuesta que la rivalice y la supere incluyendo los aspectos más positivos de la democracia venezolana, profundizando y concluya las transformaciones iniciadas por la descentralización, al permitir a los ciudadanos y a las regiones ser actores principales en la reconstrucción del País. Es necesario asumir la Autonomía Regional como la evolución de la descentralización en el futuro de Venezuela.
4. El alcance del la Autonomía Regional en la Venezuela del Siglo XXI
La Autonomía Política es de los 4 procesos, el que más se desarrolló e incorporó a la cultura política venezolano en cuanto con la reforma propuesta por la COPRE, se logró que los ciudadanos de cada región pudieran elegir de forma directa, mediante sufragio secreto y universal, a sus gobernadores y alcaldes, sumado a la elección de sus concejales y diputados a la Asambleas Legislativas. No obstante, el actual proceso de concentración de poder, desconoció la existencia de las Juntas Parroquiales y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus miembros, mediante la imposición de una Ley inconstitucional del Poder Comunal. La nueva Venezuela ha de restituir las figuras de las Juntas Parroquiales, y garantizar el derecho de todos los venezolanos a elegir directamente mediante sufragio universal y secreto todos sus representantes en los órganos del Poder Público, desde la escala microlocal hasta la escala Nacional e Internacional.
La Autonomía Legislativa, en principio existe en Estado Actual Venezolano, a través de la existencia de las Asambleas legislativas Estadales, sin embargo el impacto del ejercicio de las atribuciones de estas instancias es prácticamente nulo en el desarrollo de la vida local, debido a las limitaciones intrínseca a la concentración del poder en el gobierno nacional, por lo cual las materias de competencia sobre las cuales legislar no dan un verdadero espacio a la innovación legislativa que haga vinculante y trascendente la acción legislativa en el acontecer regional. Lograr una verdadera Autonomía Legislativa requeriría la existencia de marco regulatorios lo suficientemente amplios que permitieran a las regiones un espacio de decisión propio, en el cual pudieran delinear en función de sus propias necesidades locales.
La Autonomía Administrativacontemplaría que cada región tuviera autonomía sobre la administración de los servicios públicos e instituciones del estado, lo cual a su vez, no sería posible sin la existencia de Autonomía Fiscal. De nada sirve la “transferencia de competencias” desde el poder público nacional hacia los estados y municipios, si estos continúan dependiendo financieramente del ejecutivo para el financiamiento de sus operaciones.
Cada región debe tener autonomía sobre la administración de los servicios públicos y sobre la recaudación a nivel local de los impuestos necesarios para su funcionamiento. Servicios como la distribución de agua potable, la disposición y recolección de los desechos sólidos, las redes de distribución de energía eléctrica y el mantenimiento del alumbrado público, los cuerpos de seguridad, el sistema de salud, y el sistema educativo, las vías de comunicación, peajes y el manejo de los puertos y aeropuertos. La Autonomía Administrativa maximizaría la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y por ende, mejoraría la calidad de vida de la ciudadanía, y la recaudación local los impuestos par parte de los gobiernos regionales, de los cuales un porcentaje fuera redirigido al gobierno central, plantearía una nueva relación de podercon el ejecutivo nacional. La Autonomía Fiscal haría posible un verdadera República Federal, donde el gobierno federal, dependiera del aporte de las regiones para su funcionamiento y no al revés.
Micro Ensayo realizado por Edison Durán Lucena y Lucio Herrera Gubaira sobre el proceso de descentralización iniciado en Venezuela a finales de la década de los 80, con motivo de la ponencia en el Congreso de Desarrollo Humano organizado por Instituto de Políticas Públicas "Arístides Calvani" -IFEDEC, en Valencia, en Septiembre de 2011.
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