El proceso de descentralización iniciado en Venezuela a finales de la década de los 80 surgió como respuesta a la exigencia de los ciudadanos de un nuevo modelo político que permitiera que estos fueran partícipes en la solución de sus problemas locales, desconcentrando el poder del Estado en la Capital y el Presidente de la República, y lo acercara a los ciudadanos en todas las regiones del País. Esta renovación de la institucionalidad del Estado surgió además, ante la inviabilidad de un modelo organizativo agotado, como una acción imperiosa de la clase política para mantener la vigencia del propio sistema democrático en el País. No obstante, del conjunto de reformas modernizadoras del Estado que se debieron realizar, sólo una pequeña fracción de ellas se llevaron a cabo, y si bien es cierto se produjo un fortalecimiento del sistema democrático que conllevó importantes mejoras en el desarrollo de la República y la calidad de vida de los ciudadanos, no fueron suficientes para resolver los problemas de fondo del sistema, y dos décadas después, se muestra nuevamente exhausto e inviable.
